En referencia a la nota >empleos & rrhh< y de políticas de “Diversidad” “Actitud” y la inserción laboral de las personas con discapacidad del <SUPLEMENTO de economía y negocios> Clarín 11/02/2007 Quisiera recordarles que soy Enfermero, Hipohacusico y a pesar de tener dos fallos favorables, para el cumplimiento del cupo laboral reservado para personas con discapacidad (5%) en la Ciudad Autónoma de Buenos Autónoma y sin resolver mi situación laboral hasta la fecha, y si bien mi pedido primero de incorporarme como enfermero no resulto.

Tampoco tienen en cuenta mi paso por la Fundación Par, del que egrese como Operador Office, tampoco sirve estar cursando Ingles y tratar de mejorar mis conocimientos en Informática. Y estar inscripto en varias “Direcciones Útiles”.

En definitiva es más de lo mismo, pese a mis esfuerzos, continúo siendo objetos de graves discriminaciones.

Actualmente solo el 0,76 por ciento del personal que trabaja en la función pública en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acusa discapacidad.

Según el articulo 248° del Código Penal, este delito lo comete el funcionario que no ejecuta las leyes a que esta obligado, y se castiga con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo.

En este Incumplimiento esta el G.C.A.B.A. y por ende la COPINE.

Julio Cesar Marecos

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, las leyes, luego de publicadas, y desde el día que ellas determinan, son obligatorias para todos: es en virtud de esta obligatoriedad que se presume- sin admitir prueba en contra- que son conocidas por todos los habitantes de la Nación. Por tanto, no es posible alegar desconocimiento de la ley para excluir la culpabilidad y evitar responsabilidades.
Todas las personas de la administración Pública con Cargo Político conocen este precepto. El hecho de que dichos cargos estén siendo ocupados por personas que, o no reúnen las condiciones de “Idoneidad” para ejercer la función, o reniegan del cumplimiento de sus funciones, genera la desvalorización de las reparticiones publicas a las que pertenecen, y siembran la desconfianza en ellas.
Hay una bipolaridad en el tratamiento de la cuestión. Y en las dos posiciones, prevalecen interpretaciones del fenómeno que se reducen, groseramente, en Acción Versus Inacción.
Cuando en una sociedad el incumplimiento esta a la orden del día y se manejan presupuestos al antojo de los intereses propios y los parientes son sacados y vueltos a poner en su lugar de origen (llámese Senado o Ministerio) y así consecutivamente, esto deja a las claras la poca seriedad que significa los cargos al que fueron designados por el “Honorable Pueblo” que los voto.
Ni que hablar del Vice y primer “Discapacitado del país”, que sostiene que “el era el funcionario que mas empleo, había conseguido a los discapacitados. Que discapacitados? Cuantos? Donde están? Como fueron nombrados? Quisiera saber de ese camino y terminar trabajando, para mis pares, personas con discapacidad, para que el trabajo sea la transformación de la naturaleza que realiza el ser humano en beneficio propio y para los demás.

¿Cuanto le sale al Estado, los juicios por incumplimiento?.

El que escribe todavía mantiene un amparo sin sentencia definitiva, desde hace dos años y medio.

Muchas veces las personas con discapacidad son como una apropiación privada por sujetos públicos del patrimonio del Estado de la “Vieja Corporación Política.”
Es así como llegamos a la “violación” de los derechos de las personas con discapacidad, porque nuestra justicia es como la voz de la conciencia que jamás sufre de afonía, pero a menudo el sentido común padece de sordera.
Marecos Julio Cesar
D.N.I. 13.831.204